MADRYN HOY
Derechos adquiridos, ahora suspendidos
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2010-12-04 00:24:17
Una nueva presentación se realizó ante el Superior Tribunal de Justicia en torno a la decisión de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn que derivó en la suspensión de la Carta Orgánica Muncipal. La realizaron algunos integrantes de pueblos originarios, a quienes el texto de la reforma de la carta magna municipal les otorgó derechos que, ahora, se ven suspendidos.
Ellos se ven perjudicados y así lo hacen saber. Tiene y son objeto de un perjuicio y quieren que el Superior Tribunal de Justicia se expida para poder volver a gozar de una serie de derechos que sólo estuvieron vigentes por unos cuantos días.
El patrocinio letrado de ellos recae sobre la figura de Marco Rojas Castro y demandan la declaración de nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn que suspendió, en el marco de una medida cautelar, la vigencia de la norma constitucional en la ciudad “sancionada por los representantes del pueblo, nuestros representantes, en reeplazo de la que rigió desde 1994”.
Entienden en su presentación ante el Superior que “se ha afectado con indudable gravedad la autonomía municipal, aniquilando el derecho de una comunidad a darse su Estatuto constitucional y rendirse por él, sin tutelaje alguno”.
“Destacamos que nos presentamos como integrantes pueblos originarios afectados en nuestros derechos que han sido reconocidos expresamente, de modo inequívoco e integral, en la Carta Orgánica ahora suspendida en su vigencia”, indican a los seis ministros del Superior que deberán fallar al respecto.
Para el caso de los pueblos originarios, bastardeados por siglos de indiferencia al reconocimiento de su pertenencia, adquirieron derechos que de improviso y ante la presentación de un vecino común, se ven suspendidos en su vigencia.
El detalle de los enunciados quela Carta Orgánica sancionada y puesta en vigencia en septiembre, señala su inclusión en el preámbulo de la misma, al indicar que los vecinos de Puerto Madryn “valoramos con espíritu fraterno a los pueblos originarios preexistentes”. El artículo 17, inciso 25, señala entre los derechos personales, económicos, sociales y culturales de los madrynenses “a la libre determinación de los pueblos originarios y pueblos indígenas”.
También se menciona el artículo 60 de la ahora norma suspendida que decía: “promueve y garantiza en compatibilidad con el criterio científico, el respeto, uso, conocimiento y práctica de la medicina tradicional y ancestral de los pueblos originarios, indígenas y migrantes”.
Sobre este último punto, existieron fuertes voces en contra que señalaban que se estaba legitimando la medicina ancestral, aunque obviaron que al comienzo del articulado se señala claramente “en compatibilidad con el criterio científico”.
La educación pluricultural y bilingüe era otra de las cosas que el nuevo texto incorporaba, una práctica que ya está presente en varias escuelas madrynenses que se encargan de difundir, mediante la música, estas lenguas ancestrales.
Cabe la aclaración que no sólo se refiere a los pueblos originarios sino a los indígenas o de pueblos originarios de otras latitudes, como las culturas y lenguas aymara o quechua, tobas, guaraníes, y el listado continúa.
El respeto hacia estas culturas es parte de la norma que hoy en día se encuentra suspendida. Entre las voces que se manifiestan en contra de la decisión y descreen que la presentación no tenga una connotación política, se encuentran quienes afirman que “el Ejecutivo y todos aquellos que objetaron el nuevo texto, también objetaron que Puerto Madryn ‘proteja lugares sagrados dentro del ejido municipal’”.
Todos los derechos adquiridos por éste y otros grupos minoritarios se encuentran actualmente suspendidos. Los expedientes ya se encuentran en cada uno de los despachos de los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Ellos marcan y señalan un perjuicio. Para el caso de los pueblos originarios, una vez más, sus derechos ancestrales vuelven a quedar cercenados por los intereses de quienes los ignoran
Según el detalle enviado por el organismo nacional, las comunidades figuran dos como mapuche-tehuelche y cuatro como mapuche. Las dos primeras están en Cushamen, y son las de Vuelta del Río inscripta en 1997 y la de Emilio Prane, de 1996. Las cuatro comunidades mapuche son las de Huesca Antieco, en Futaleufú, inscripta en 1996, la Huangelén Puelo del año 2000, Motoso Cárdenas de 2004 y Enrique Sepúlveda, de 2005, estas tres últimas en Cushamen.
